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Hasta las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que inician este lunes, llega fuerte la versión de que un mexicano podría encabezar a partir del próximo año el Banco Interamericano de Desarrollo, cuya presidencia quedará vacante con la conclusión del periodo del israelo-brasileño Ilan Goldfajn. El nombre que suena cada vez más recurrente para ese cargo es el de Agustín Carstens, quien acaba de dejar la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales; también son candidatos para la posición los nacionales Alicia Bárcena, Gerardo Esquivel y el vicepresidente del Banco Mundial, Jorge Familiar.
Las stablecoins —monedas digitales diseñadas para mantener un valor estable, casi siempre ligado al dólar u otra moneda tradicional y respaldadas por reservas que, en teoría, permiten su canje a la par— dejaron de ser para Washington una simple innovación financiera y pasaron a ser un asunto de seguridad nacional: en una regla propuesta publicada el 10 de abril de 2026, FinCEN y la OFAC plantean tratar a los emisores autorizados de estas divisas como instituciones financieras sujetas a reglas antilavado, reportes de operaciones sospechosas, identificación de clientes y programas de sanciones, con el argumento de que su liquidez, rapidez y facilidad para mover dinero a escala global también las ha vuelto atractivas para actores ilícitos.
El propio documento añade que los cárteles mexicanos las usan cada vez más para comprar en China precursores de fentanilo y equipo de manufactura, y que en algunos casos el efectivo de la droga en Estados Unidos se convierte en estos activos digitales antes de terminar en manos criminales en México y Colombia.
FinCEN —la oficina del Tesoro que, según EU, existe para “proteger al sistema financiero del uso ilícito” y “combatir el lavado de dinero”— fue presentada por el Congreso como la pieza central de la modernización antilavado en Estados Unidos, con nuevas reglas para identificar a los verdaderos dueños de empresas y cerrar huecos usados por compañías fachada y estructuras opacas.
Pero un análisis que circula entre políticos registra que, en un “cambio regulatorio significativo”, el 26 de marzo de 2025 esa oficina eximió a las empresas domésticas y a las personas estadounidenses de reportar a sus beneficiarios reales, al sostener que esa obligación “no serviría al interés público” ni sería “altamente útil” para detectar, prevenir o perseguir lavado, financiamiento al terrorismo y otros delitos, bajo la lógica de reducir cargas a pequeñas empresas y confiar en que los bancos sigan recabando esa información al abrir cuentas.
En México, ese viraje pega directo en la parte más sensible del sistema financiero, pues el mismo reporte del Congreso estadounidense señala que FinCEN mantuvo la presión sobre operaciones vinculadas con este país al imponer medidas especiales sobre transferencias de fondos que involucraron a “tres instituciones financieras mexicanas” —Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam Banco— y al proponer acciones contra “diez establecimientos de juego mexicanos”, dentro de una estrategia que también incluyó órdenes geográficas en la frontera sur para combatir las finanzas ilícitas de los cárteles. Visto desde este lado de la frontera, el mensaje es claro: mientras Estados Unidos aflojó una herramienta de transparencia para sus propias empresas, endureció la vigilancia sobre los flujos de dinero que asocia con México, el narco y el lavado.
La presión de Luisa María Alcalde, a petición de Arturo Ávila, por consumar la alianza PRI-Morena en Nuevo León para temas legislativos tiene muy a disgusto a los legisladores de Regeneración Nacional. El constructor de esta alianza es precisamente Ávila, socio desde muy joven de Francisco Cienfuegos en temas de pavimentación. Los legisladores morenistas buscarán su reelección en municipios competitivos en tres tercios; por lo que una alianza con el PRI les baja aún más sus posibilidades.
El conflicto en el Estrecho de Ormuz ya empezó a golpear algo más que el mercado petrolero. Tras el arranque de las operaciones militares de Washington e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, el paso de barcos cayó de unos 130 diarios a apenas unos cuantos, dejando cerca de mil buques detenidos y poniendo en riesgo el abasto de alimentos, autos, acero, fertilizantes, helio y materias primas para plásticos, en una crisis que puede encarecer productos, alterar cadenas de suministro y ampliar la presión sobre la economía global.
